Abre la cartera para silenciar

Por Redacción

La rebelión de regidores ahora provoca que se inicie por parte de Laura Beristain la compra de sus votos para evitar que se exija la renuncia y cárcel de los implicados en el “basuragate”. Ahora Gustavo García y Luz Fabiola Ballesteros del Partido Acción Nacional, junto con el síndico Omar Sánchez Cutis, se encargaron de citar a todos los regidores para maicearlos pero se quedaron plantados.

Omár “Pilatos” Sánchez Cutis conocía todas las denuncias y dijo que no las conocía para engañar a los regidores, ahora es parte del grupo que con maletas de dinero busca comprar el silencio de todos ellos.

Quieren salvar las cabezas de los cuatro malosos huelen a cárcel: Alfredo Miguel Paz Cetina, secretario general; René Arturo Bayardo Medrano Ríos Domenzaín, director general de Asuntos Jurídicos; Manuel Gerardo Ylisaliturri Blanco, ex director de Asuntos Contenciosos y el asesor que se ufana de llevar ser el verdadero edil, Marciano Peñaloza.

El caos que han hecho con los contratos de basura, el incumplimiento de los mandatos del TSJ, y toda la maraña de corrupción del Ayuntamiento provocaron vergüenza en los regidores, y la mayoría de los integrantes del Cabildo están cansados de ser ninguneados, no se prestaron al juego.

La sentencia dictada el 9 de enero por el Tribunal de Superior de Justicia (TSJ), que exigió su participación de regidores en el caso de la restitución del convenio de recaudación, transporte y almacenamiento de basura a Redesol. Apenas ahí se pudieron enterar de todo el fraude que en lo oscurito realizaba el ayuntamiento con la venia de la presidenta municipal Laura Beristain, quien desde que “Tu Periódico Quequi” destapó la cloaca, se encuentra escondida y ya no asiste al Palacio Municipal.

Aunque lograron salvarse de que la sala constitucional del TSJ desapareciera poderes por el desacato en que habían caído, porque lograron entregar los requerimientos a última hora, el Ayuntamiento parece muerto. Hay un olor nauseabundo, aunque no se reconoce oficialmente el deceso porque nadie le ha hecho una autopsia. Las cajas del estacionamiento vacías dan una imagen de abandono, de que algo se pudre además de la basura con la que han hecho los grandes negocios toda la familia Beristain, Laura, Luz María y Juan Carlos, por más de 270 millones de pesos.

Hace unos días todos los regidores habían actuado unidos, pero ahora parece que solamente se sostienen Vladimir Montejo Campos IV regidor; Samaria Ángulo Sala X regidora; Luz Elena Muñoz Carranza VII regidora, Verónica Gallardo III regidora José Francisco Berzunza Dajer VIII regidor y  Carlos Guerra VI regidor, que al parecer son los que insisten en que por su papel de vigilantes de los intereses de sus electores, realizarán las denuncias correspondientes, y por tanto aportan las pruebas necesarias para que se castigue a los funcionarios malosos, mientras que les han llegado al precio Fabiola Ballesteros regidora XII, Gustavo García XIII regidor,

Y aunque esto se ventila apenas, la inconformidad se realizó espontáneamente en plena sesión de cabildo. Ahí Luz Elena Muñoz y Verónica Gallardo, hicieron la moción para que se suspenda a todos ellos. Reconocieron que los regidores no pueden tomar decisiones ejecutorias, pero piden que se intervenga y que se separen del cargo mientras se continúan con las investigaciones que han manchado al ayuntamiento y a todo el cuerpo colegiado. Explicaron que Laura Beristain no puede sustraerse, ella sabía perfectamente desde que firmó el contrato del ayuntamiento  con otras empresas el 21 de junio, le notificaron las multas, el mismo Peñaloza asegura que desde mayo le dijo y a los regidores nadie los tomó en cuenta.

Para la regidora Samaria Ángulo Sala, el panorama es difícil, toda vez que hubo “omisión” por parte de las direcciones encargadas del tema jurídico, “que pusieron en riesgo al cuerpo colegiado del Cabildo, porque los regidores pudieron caer en desacato”.

“Hay que reinstalar a la empresa y pagarle, dinero que no se tiene presupuestado y replantar el presupuesto y ver de dónde se reducen acciones importantes programadas para cumplir con el pago, más los problemas que surgen por los contratos con PASA, que ellos lo secan a quedar con los brazos cruzados, pueden demandar o llegar a una negociación quizá en lo oscurito, como se ha hecho, pero quiénes van a pagar los platos rotos, son los ciudadanos porque es dinero del erario público”, lamentó.

Y es que, pese a que la sentencia se hizo efectiva el 15 de marzo pasado, todavía se aprobó un aumento al rubro “Servicios de Arrendamiento”, por 59.5 millones de pesos, en un contrato que se concretó en junio con la renta de 27 camiones de PASA y VTM del Golfo, en lo cual se erogarían en promedio 8 millones de pesos cada mes.

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