Cita la Fiscalía al jefe policiaco Alberto Capella

CANCÚN

Por Redacción > Quequi

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha citado a comparecer, a las 11 de la mañana del próximo miércoles 4 de marzo de este año, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, Jesús Alberto Capella Ibarra, para que puntualice su intervención en el llamado Mando Único.

Este hecho viene a empañar todos los esfuerzos del gobernador  Carlos Joaquín de combatir la corrupción en todos los niveles y de que la ciudadanía vuelva a recobrar su confianza en las autoridades, y más tratándose de la Seguridad Pública.

Todo esto se deriva de la denuncia que decenas de policías realizaron ante las autoridades federales, donde denunciaron que desde que tomó el mando, Capella les quiso obligar a vigilar a los empresarios de Quintana Roo, y que todos los que se negaron a cumplir esta ilegal encomienda, fueron corridos de la corporación policiaca.

Esto se sumó a la denuncia de empresarios locales que fueron víctimas de ese acoso y lo denunciaron en una carta a la opinión pública, en la que acusan que el Mando Único que tenía Capella, se convirtió en un “cártel” de espionaje y extorsiones, en los que también estaban involucrados funcionarios federales de la FGR, que investigaban de manera especial a los empresarios de origen rumano, de quienes pidió sacar fotos y videos de sus personas, ubicaciones y movimientos, como el caso del empresario Florian Tudor, según establecen las denuncias de policías de Benito Juárez asentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-QR/0000287/2019.

Es por ello que el agente del Ministerio Público de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Carlo Alberto Caravantes Acevedo, especifica que en la diligencia tiene que proporcionar:

1.- Evidencia documental certificada de los convenios de colaboración, protocolos de actuación o en su caso normatividad, institucional interna que regula la figura de Mando Único.

2.- Que declare si la SSP ha intervenido en reuniones donde se haya planteado o instruido, recabar información de identidad, ubicación, giro comercial, ingresos, escoltas y vehículos en que se movilizan empresarios de la entidad.

3.- Asimismo, informe si existe antecedente de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, participaron en la ejecución de diligencias en las oficinas, rancho y casas del empresario rumano Florian Tudor y en caso afirmativo se aporte copia certificada del soporte de actuación, listado de los participantes y las partes informativas.

En la carpeta de investigación está asentado que de todos estos cateos y saqueos, se acusa a Jesús Alberto Capella Ibarra, porque según denuncia convocó a reuniones con agentes policiacos para pedirles mantener vigilado al rumano Florian Tudor, sacarle fotografías y videos de sus movimientos, horas y lugares asiduos, así como los vehículos donde se movía y a sus escoltas; incluso, mandó a colocar una cámara de vigilancia frente a su domicilio en la calle Robalo de la Supermanzana 3 de Cancún.

En estos cateos participaron elementos de la Marina, Ejército, policías federales y estatales, con órdenes de jueces y la colaboración de Ministerios Públicos Federales, como César Eduardo Cervantes Saavedra, por lo que por ello insisten en que se explique lo del Mando Único para conocer cómo se dieron esas instrucciones y quiénes colaboraron.

Las denuncias, asentadas en la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-QR/0000287/2019 de la Fiscalía General de la República, precisan que desde su llegada a Quintana Roo en el 2018, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, reunió a la tropa de policías para notificarles que él sería el jefe del “Mando Único” de la seguridad de Quintana Roo, incluidos policías municipales, estatales y ministeriales de la FGR y que todo los policías tenían que rendirle cuentas a él.

Asimismo, se asienta en el expediente, que ante el rechazo o negativa de algunos agentes policiacos para realizar este tipo de espionaje y persecución a empresarios de Cancún, Jesús Alberto Capella Ibarra, amenazaba a los policías municipales de ser ellos los culpables de todos los problemas de inseguridad y que serían dados de baja; incluso, se montó el espectáculo de una supuesta rebelión de policías para poder expulsarlos, acusándolos de insubordinación y sabotaje, según consta en la denuncia, donde los propios policías señalan cómo los obligaban a investigar a empresarios locales.

En complicidad con funcionarios de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), al mando de los que ya fueron corridos por estar involucrados en este escándalo, como el ahora ex delegado Javier Ocampo García, la exsubdelegada Bertha Cordero Reyes y los agentes del Ministerio Público Federal (fiscales) de dicha delegación a quienes empresarios acusan de fabricar expedientes falsos y delitos con fines de extorsionarlos.

El modus operandi era que una vez detectada la víctima, entraba el turno de los fiscales de la FGR, quienes son acusados de fabricar expedientes con información falsa y dolosa. Aquí aparecen los nombres de los agentes del Ministerio Público Federal (fiscales), César Ernesto Cervantes Saavedra (con nueve carpetas abiertas en su contra) y Enrique Pérez García, quienes en el caso particular de los empresarios rumanos radicados en Cancún, lograron obtener una orden de cateo, otorgada por el juez José Eduardo Cortés Santos, quien autorizó el cateo, aun cuando el expediente de los fiscales estaba plagado de irregularidades, mediante la cual allanaron a la medianoche del 11 de mayo de 2019 las propiedades (residencia, oficinas y rancho).

En los cateos que fueron calificados posteriormente por un juez federal como ilegales, se denuncia invasión de la privacidad, abuso de autoridad, violencia, daños materiales, uso de armas largas, vejaciones, robo de joyas, relojes, dinero, aparatos eléctricos, computadoras, teléfonos, videocámaras, maquinaria pesada, caballos y hasta perros finos, además de amenazas a sus familias. Todo estaba tan mal fundado que la FGR les ha devuelto todas sus propiedades aseguradas por órdenes de un juez al no encontrar delito que perseguir.

Como resultado de la denuncia interpuesta por los empresarios víctimas de este robo y saqueo a sus propiedades por agentes del Ministerio Público Federal y policías que han conformado esta red delictiva donde el “Mando Único” ha sido pieza clave, el peritaje de la investigación del propio órgano de control interno de la FGR, arrojó que el monto del saqueo asciende a 67 millones de pesos.

Las víctimas de esta persecución señalaron que ninguna de las acusaciones en los expedientes fabricados por la FGR fue probada y que han ganado todos los juicios con la ley en la mano.

Esa así como la Fiscalía Federal Anticorrupción, Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con pruebas y hechos que conducen hacia el “Mando Único” y sus cómplices en la delegación de la FGR en Quintana Roo.

Agregan que todos los cateos a sus propiedades han sido calificados de ilegales por los jueces de control que han llevado cada caso y que le agregan que el aparato de justicia no quedó exento de implicaciones y complicidades en estos abusos y atropellos,

El Poder Judicial, apuntan, ha actuado como una “hermandad” para proteger al juez José Eduardo Cortés Santos, quien ante el amparo promovido por las víctimas, solo justifica que autorizó los cateos de buena fe y que fue engañado por fiscales.

En resumen, los denunciantes acusan que todo ha sido una arbitrariedad producto de la corrupción, abuso de poder y las redes de delincuencia organizada con fines de extorsión que las propias autoridades han conformado a través del mal llamado “Mando Único” en perjuicio de los empresarios y la sociedad.

Ante tales actos, dirigieron una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín, entre otras autoridades narrando la historia de ilegalidades, extorsiones, abusos, intimidaciones, robo y saqueo de sus bienes, así como los daños y perjuicios que todo ello ha ocasionado a sus empresas, empleados y familia.

En la carta abierta que circula en varios medios de comunicación en el estado y nacionales, las víctimas exigen justicia y respeto a sus derechos como inversionistas y como ciudadanos radicados en Cancún desde hace más de 15 años.

Finalmente. reiteran su exigencia de castigo a quienes desde el poder no solo han abusado del ejercicio de la función pública, sino que han incurrido en diversos delitos, robando propiedades con total impunidad y destrozando empresas como resultado del cáncer de la corrupción que impera entre las corporaciones policiacas y funcionarios públicos.

Es ahora que se da a conocer que la Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción, cita a comparecer a Capella y le exige que exponga todos los alcances que tiene el Mando Único que según las denuncias de los empresarios, ha sido utilizado con fines intimidatorios y de extorsión. Aún falta que la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Propia Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ya que cuentan con toda la información, pruebas y hechos, expresen sus consideraciones y se acumulen los cargos y las denuncias en contra de malos servidores públicos.

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