Darán 20 años a torturadores

CIUDAD DE MÉXICO

Por Agencias > Quequi

La Cámara de Diputados aprobó con cambios la minuta del Senado que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que deroga la legislación en la materia publicada en 1991.

En el artículo 26 se estipula que se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión, y de 500 a mil días multa, al funcionario que incurra en alguna de las conductas establecidas.

Tratándose de un particular, se le impondrá una pena de cuatro a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.

El Pleno avaló el documento por unanimidad en lo general, con 417 votos a favor y, tras rechazarse varias reservas, se aprobó en lo particular con 315 votos a favor y 97 en contra. Se devolvió al Senado para su análisis y eventual ratificación.

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; y de las leyes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la General del Sistema Nacional de Seguridad, y de Extradición Internacional.

El dictamen surgió de dos iniciativas que presentaron, por separado, la senadora Angélica de la Peña Gómez y el Ejecutivo federal, en octubre y diciembre de 2015, respectivamente, y fue aprobado por el Senado el 29 de abril de 2016.

La nueva legislación tiene el objetivo de establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar el delito de tortura y el de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Establece que los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género y transparencia y acceso a la información pública, deberán estar presentes en el diseño, implementación y evaluación de acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como en la planeación, programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención de los delitos establecidos en dicha ley.

En el artículo 24 se explica que un funcionario comete el delito de tortura cuando, a fin de obtener información o una confesión, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento y realice procedimientos médicos o científicos en un individuo sin su consentimiento, o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.

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