Discriminan a mujer cañera

Por Sergio López Lara > Quequi

Hasta nuestra redacción acudió Lucero del Alba Canul Hoy, de 47 años, habitante de la ribera del río Hondo, para denunciar los abusos y vejaciones de los que está siendo víctima por parte de empleados del ingenio San Rafael de Pucté, quienes la discriminan por dedicarse al corte de caña desde hace más de 35 años, todo por el simple hecho de ser mujer.

Explicó que es madre soltera dedicada a labores del campo, donde se ha dedicado a la siembra y cultivo de caña trabajando como lo hace cualquier hombre, lo que le ha permitido ganarse el respeto de los productores, debido a que durante este tiempo ha aprendido a manejar maquinaria pesada como camiones, tractores, trazadoras y levantadoras de la vara dulce.

Agregó que en la presente temporada de zafra “Esfuerzo conjunto”, manejada por el ingenio San Rafael de Pucté, se han registrado hechos de discriminación por parte de tres cabos, quienes contrataron los servicios de gente de otros estados a quienes les pagan bajos salarios, afectando a los trabajadores locales, especialmente a las mujeres a las que no solamente les exigen favores sexuales, sino dinero para poder satisfacer sus adicciones a las drogas y el alcohol.

Canul Hoy indicó que esta situación ha propiciado que por cualquier pretexto, el ingenio San Rafael de Pucté, a través de trabajadores menores, no permitan la entrada de camiones con caña para su molienda, además de que han sido abandonados por los dirigentes cañeros que, se supone, deben defender los derechos de los productores y empleados locales,

Ante ello, la quejosa está solicitando la intervención de instancias de los tres niveles de Gobierno para que se investigue este tipo de irregularidades.

Mencionó que hasta el momento, el ingenio San Rafael de Pucté le adeuda el pago de 40 toneladas de caña, así como 10 mil pesos que gastó para retirar el producto que se quedó en el campo, al no aceptar la molienda de la vara dulce; aseguró que es por ello que pide la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo, así como del propio gobernador, Carlos Joaquín, para que se investiguen estos hechos y se le haga justicia.

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