El Ejército mexicano desvió a una empresa fantasma casi 15 millones de dólares que eran para comprar armamento militar

Agencia

El Ejército mexicano desvió 240,5 millones de pesos (unos 14,8 millones de dólares) a una empresa fantasma que actuaba en confabulación con otras compañías para encarecer los bienes que ofertaba a la dependencia militar. Entre 2013 y 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó compras a DRM Aceros Internacional por supuestos insumos para la producción de armamento, municiones, explosivos y equipos militares. Sin embargo, la autoridad tributaria determinó en octubre de 2018 que esta era una empresa fantasma que simulaba sus operaciones porque no contaba con empleados ni infraestructura para comercializar los bienes.

La instancia de la Sedena que otorgó los contratos fue la Dirección General de Industria Militar, un órgano técnico que se encarga de producir, ensamblar y mantener el material de guerra y los vehículos militares que utiliza el Ejército para su operación. La mayoría de las contrataciones fueron por adjudicación directa e invitación a al menos tres personas, es decir, sin una convocatoria abierta de contratación (licitación pública). La Defensa Nacional es la única dependencia federal que firmó contratos con esta compañía desde que se constituyó, ya que no hay registros de compras hechas por otras dependencias federales de Gobierno.

El Ejército mexicano es una de las instituciones con más poder en México. Durante los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvo un papel preponderante en la llamada guerra contra el narcotráfico. Con la llegada de López Obrador poco o nada ha cambiado. Aunque en campaña el actual presidente planteó la opción de regresar al Ejército a los cuarteles, una vez que asumió la presidencia su discurso cambió radicalmente y se ha encargado de empoderarlos aún más. No solo legalizó la participación de los militares en tareas de seguridad, sino que les ha encomendado liderar diversas tareas: desde el combate a la venta de combustible ilegal (huachicol) hasta la construcción de uno de sus proyectos más importantes: el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.

López Obrador ha sostenido que la Sedena es una de las instituciones menos corruptas, pese a que la Auditoría Superior de la Federación —el órgano fiscalizador en México— ha documentado las irregularidades de los militares en las obras públicas que han estado bajo su ejecución. En el cancelado aeropuerto de Texcoco, la obra emblema del expresidente Peña Nieto, la ASF señaló deficiencias en la planeación y elaboración del proyecto ejecutivo que presentó Defensa Nacional para la construcción de una de las pistas del aeropuerto. Los auditores también señalaron que los militares pagaron trabajos que no fueron realizados y que hubo sobreprecios en diversos servicios contratados en la edificación de la barda perimetral del inmueble.

Estas anomalías en el manejo de los recursos públicos por parte del Ejército no fueron las únicas. Esta investigación de EL PAÍS revela que en el sexenio anterior, la Sedena contrató a DRM Aceros Internacional para que le suministrara diversos insumos, pese a que no contaba con experiencia empresarial y simplemente era una firma de papel. La sociedad fue constituida el 19 de septiembre de 2013 ante un notario de Tlalnepantla, en el Estado de México, y dos meses después firmó su primer contrato. De 2013 a 2016 la empresa le vendió a la dependencia diversos materiales para la fabricación de cañones, lanzagranadas, así como piezas que son usadas en los procesos productivos para fabricar los componentes de los fusiles, cartuchos y granadas de mano, se lee en los contratos consultados en Compranet, el sistema oficial de compras de Gobierno. Este diario solicitó a la Sedena saber si los mandos involucrados en las contrataciones fueron sancionados, pero esta pidió requerir esos datos a la Función Pública, quien finalmente no brindó ninguna información.

Soldados marchan durante una ceremonia de graduación, en 2016.
Soldados marchan durante una ceremonia de graduación, en 2016.REBECCA BLACKWELL / AP

DRM Aceros no solo simulaba sus actividades, sino que para vender a un mayor precio los insumos que le ofertaba a la Sedena se confabulaba con otras empresas, concluyó la Auditoría Superior tras hacer una revisión a tres procedimientos de contratación realizados en 2015. En las rondas de adquisición para comprar 30 mil piezas de barras de acero en enero de 2015, la compañía se puso de acuerdo con otras dos de las sociedades participantes, que solo presentaron sus propuestas para favorecerla. La ASF detectó que una de las accionistas de la compañía ganadora había sido comisaria de la otra sociedad mercantil que compitió.

No solo eso, el acero lo vendió a la Dirección de Industria Militar con un sobreprecio de 143,9%, ya que el material costaba 8,3 millones de pesos (522.637 dólares al tipo de cambio de entonces), pero DRM Aceros lo vendió en 26,7 millones de pesos (1,6 millones de dólares). Además, el órgano fiscalizador señaló que era probable que estuviera incumpliendo sus obligaciones fiscales porque, con los datos proporcionados por Hacienda, se pudo constatar que la firma realizó importaciones de acero, pero en su declaración anual de 2015 nunca informó de estas compras.

En otra ronda de asignación, también de 2015, la Auditoría detectó que DRM Aceros (ganadora del contrato) presentó un certificado que respaldaba que los bienes ofertados los había producido una acerera española. Sin embargo, tras revisar las facturas que amparan la compra, los auditores se percataron de que el acero fue adquirido en México con una empresa nacional, que a su vez lo había comprado a una compañía italiana. “Con esto se estima que el certificado presentado por la empresa adjudicada no es fidedigno”, concluyó el órgano fiscalizador. Esta triangulación, donde DRM Aceros fungió como intermediario, ocasionó que los bienes fueran vendidos con un incremento de 2,3 millones de pesos (144,827 dólares).

En el mismo procedimiento de contratación nuevamente se detectó connivencia entre los participantes. Según la Auditoría, tres de las empresas estaban relacionadas con DRM Aceros, ya que en los movimientos notariales se encontró que compartían accionistas, comisarios y representantes legales. En otra contratación de septiembre de 2015, la compañía ganadora respaldó su propuesta con un certificado que la acreditaba como distribuidora autorizada de los insumos, pero omitió decir que este se lo había expedido otra de las compañías participantes en el procedimiento.

Las compras que la Sedena hizo a esta empresa mediante invitación restringida las justificó asegurando que de esta forma se garantizaba la participación de especialistas en el ramo y que no era conveniente llevar a cabo una licitación pública porque había pocas compañías con los insumos necesarios y capacidad de respuesta inmediata. Este argumento es uno de los más utilizados por el Ejército para evitar los concursos de contratación, dice Marco Fernández, coordinador de área anticorrupción de la organización México Evalúa. “Hay un abuso a las excepciones por las cuales pueden asignar directamente, son 38 justificaciones a la ley”, menciona. Otro problema es que muchos de los contratos no son públicos y los clasifican como reservados bajo el argumento de la seguridad nacional.

Los datos recabados por la escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y México Evalúa muestran el abuso que la Defensa Nacional ha hecho de la asignación directa. Mientras que en 2013, al inicio del sexenio de Peña Nieto, apenas asignaban 270 millones de pesos (21,1 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), en 2018, el último año de ese gobierno, la cifra alcanzó los 3.270 millones de pesos (170 millones de dólares). Ahora con López Obrador la Sedena entregó contratos por 5.000 millones de pesos (259,6 millones de dólares) en 2019 sin lanzar una convocatoria de contratación, detalla Fernández. Estas asignaciones que carecen de transparencia pueden dar margen a actos irregulares en las contrataciones. “La Sedena debe rendir cuentas y debe haber un escrutinio para evitar corrupción. No se vale decir que porque son el Ejército hay un honor intangible que hace que sus contratos estén rodeados de un aura que los protege (de anomalías)”, menciona.

Sanciones endebles

Estas contrataciones a DRM Aceros se dieron durante la gestión, primero, del general Gerardo Rubén Serrano Herrera como titular de la Dirección de Industria Militar, quien estuvo en el cargo desde principios de 2012 a enero de 2015. Tras una serie de reacomodos, Serrano Herrera quedó como titular de la primera región militar, que comprende la capital del país, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Luego, en diciembre de 2016, fue enviado a comandar la XI región militar, que abarca los estados norteños de Coahuila y Chihuahua. Actualmente se encuentra retirado de las fuerzas armadas.

En enero de 2015 asumió la Dirección de Industria Militar el general Genaro Fausto Lozano Espinosa, que estuvo en el puesto hasta diciembre de 2016, cuando pasó a retiro. En una ceremonia realizada el 1 de diciembre de 2016 en el Heroico Colegio Militar, el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos entregó una condecoración a Lozano Espinosa como reconocimiento a su trayectoria de casi 50 años en las Fuerzas Armadas. En su discurso destacó que el general siempre fue un hombre visionario, con liderazgo y don de mando, que se desempeñó de manera eficiente como comandante de diversas regiones militares. “Como director general de la Industria Militar, impulsó importantes e inéditos proyectos para satisfacer diversas necesidades del Ejército y de la Fuerza Aérea”, manifestó Cienfuegos.

Tras el retiro de Lozano Espinosa, la Sedena nombró a un nuevo director para el área de Industria Militar. Tres semanas después del evento encabezado por Cienfuegos, la Auditoría Superior emitió el dictamen donde señalaba las anomalías en las compras hechas por la Dirección General de Industria Militar durante 2015, en el periodo del recién condecorado general. En sus observaciones el órgano fiscalizador alertó sobre deficiencias en la selección de proveedores y concluyó que faltaron mecanismos de control en el manejo de los recursos, y que la confabulación de DRM Aceros con otras tres compañías se tradujo en que se ofertaron precios más altos.

Los últimos contratos con DRM Aceros se firmaron en 2016 y el último pago que la dependencia militar realizó a la empresa fue en enero de 2017 por concepto de un finiquito, es decir una compensación por haber terminado la relación contractual antes de lo estipulado. En octubre de ese año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la instancia fiscal que verifica la legalidad de las operaciones de estas empresas, tuvo sospechas de que DRM Aceros Internacional emitía comprobantes fiscales sin contar con los activos, el personal o la infraestructura para producir o comercializar los insumos. El 8 de octubre de 2018, el SAT finalmente concluyó su indagatoria y exhibió a la empresa en su listado de empresas fantasmas catalogadas como “definitivas” después de que no pudiera revertir las acusaciones.

La Contraloría del Ejército decidió inhabilitar y multar a la empresa de acero con 98 mil 140 pesos (alrededor de 5.000 dólares) hasta octubre de 2019, casi tres años después de que la Auditoría le notificara las anomalías en las que incurrió. La sanción fue porque se comprobó que había presentado información falsa, vendió insumos con sobreprecio y actuó como intermediario de los bienes que comercializó a la Defensa Nacional. En una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación se pedía a las dependencias federales y a los estados “abstenerse” de contratar a la compañía durante tres meses. Aunque la inhabilitación concluyó en febrero pasado, a la fecha la empresa continúa impedida para celebrar contratos públicos porque no ha pagado la multa.

En los contratos firmados con la Sedena, la empresa reportó diversos domicilios. En 2014, el dueño de la empresa, Oliver de León Barredo, dijo que sus oficinas estaban en “calle 5 de febrero número 6, colonia Ahuehuetes”, en la localidad de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Sin embargo, esta dirección no existe. En el asentamiento no hay ninguna calle 5 de febrero. En otro procedimiento de contratación, la compañía proporcionó como dirección el número 20 de la avenida Las granjas, en la colonia Las Colonias, también en Atizapán. En el lugar hay una vivienda de dos plantas que no cuenta con rótulos que hagan referencia a alguna empresa. Las direcciones de los supuestos dueños tampoco pudieron ser localizados, ya que las calles y colonias son imprecisas.

El residencial Los Laureles, en el número 61 en la calle 5 de febrero (Estado de México).
El residencial Los Laureles, en el número 61 en la calle 5 de febrero (Estado de México).SEILA MONTES / EL PAIS

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