Exigen cárcel para los cómplices de ecocidas

 

Funcionarios se hacen de la “vista gorda”, con tal de enriquecer sus bolsillos.

 

Por Francisco Canul > Quequi

“Debido a que todas luces hay corrupción entre los funcionarios de los tres niveles de gobierno con la obligación de sancionar y hacer se respeten las leyes ambientales, en esta caso para la protección de dunas y mangles en el Parque Nacional Tulum (PNT), estos deben ser procesados judicialmente en el sentido de que irrebatiblemente existe un sinfín de irregularidades”, aseguró el ciudadano ambientalista, Bonifacio Loría Pacheco.

“Lo anterior es porque con tanto daño descomunal a los recursos naturales, esto les ha permitido un enriquecimiento ilícito en el ejercicio de sus funciones, englobados dentro de la tipificación de los delitos cometidos contra la administración pública al expedir permisos para acabar con los mangles y dunas del PNT”, denunció Loría Pacheco.

En este orden el abogado, Germán Felipe Ramírez Villegas, comentó que tomando en cuenta que para la protección del PNT existen leyes ambientales muy claras y precisas, pero además, un mandado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Aquí se debe de aplicar el código penal el cual reza que a la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV del Código Penal”, enfatizó.

Comentó que dicha ley señala que se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, además si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Para el presidente de la Asociación de Profesionistas de Tulum, Javier Flores, todo lo que está pasando en el PNT y Zona Costera, tiene nombre y se llama, cohecho, pues con tantos daños ambientales que van contra las leyes ambientales y vida silvestre, es claro y sin duda alguna que reciben ‘jugosos mochadas’, mismo que es sancionado por a través del Código Penal.

“Lo anterior dice que la autoridad o funcionario público que en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años, multa del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa”, explicó Javier Flores.

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