Grave situación de salud reproductiva

CIUDAD DE MÉXICO. Por Agencias Quequi

En México existen diversos pendientes relacionados con la salud reproductiva de las mujeres, lo que las coloca en condiciones de desigualdad e injusticia frente a otros grupos vulnerables. Los altos índices de embarazo adolescente, violencia obstétrica y muerte materna son una muestra de la necesidad de implementar políticas públicas adecuadas que faciliten el acceso a atención médica de calidad.

De acuerdo con diversas especialistas en el tema, el problema es multifactorial y tiene su origen en la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres que se cruzan con estigmas ideológicos y morales, atravesados por otras deficiencias estructurales.

CAUSA PENAL

La violencia obstétrica es reconocida como una agresión a las mujeres en distintas leyes locales. Sin embargo, sólo los estados de Aguascalientes, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo y la Ciudad de México la consideran en sus códigos penales.

La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) expone que en los cinco años previos al estudio el 33.4 por ciento de las mujeres en México (1 de cada 3) que tuvieron un parto denunciaron haber sufrido algún tipo de maltrato por parte de las instituciones de salud quienes las atendieron.

Rebeca Ramos Duarte, abogada y coordinadora de Incidencia Política del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explicó en entrevista que existen tres grandes aplazamientos estructurales que impiden a la mujeres tener pleno acceso a los servicios de salud: la falta de garantía por parte del Estado en materia legislativa, los problemas de implementación de políticas públicas y acceso, y la falta de voluntad política para brindar acceso a la justicia.

En 2015, el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval) contabilizaba que un 56.6 por ciento de población total de nuestro país tenía una carencia por acceso a la seguridad social. Durante décadas, el indicador ha sido la mejor muestra de injusticia social, colocándose por encima de las cifras que contabilizan el rezago educativo (17.9 por ciento) y el acceso a servicios básicos de vivienda (20.5).

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