La jiribilla Jorge González Durán

 

Septiembre será el mes en el que el gobernador y los presidentes municipales rendirán sus respectivos informes de labores. El gobernador tiene la obligación de rendir un informe que refleje la realidad de la entidad con sus luces y sombras, alejándose de los documentos acartonados y autocomplacientes de siempre.

Los presidentes municipales también tienen la obligación de rendir sus informes anuales. Sin embargo, el formato actual es rígido, acartonado, y da la apariencia del cumplimiento de un mero formulismo.

¿El Cabildo realmente analiza el voluminoso documento que se les entrega el día del informe?

El Congreso del Estado también analiza las cuentas públicas y debe entregar un informe al respecto. Pero es en el Cabildo donde los análisis deben ser, en primera instancia, a fondo.

El gobernador y los presidentes municipales ofrecen cifras, datos y estadísticas que deben ser confrontados con la realidad.

La ciudadanía también debe saber a ciencia cierta los criterios con los que se trabaja; es decir, si se siguen al pie de la letra los planes estatal y municipales de desarrollo o si son documentos sin ningún valor real.  En la mayoría de los casos, tanto el gobernador como los presidentes municipales se pasan por el arco del triunfo los planes de desarrollo que cuestan mucho dinero.

Se supone, sólo se supone, que los Planes Estatal y  Municipales de Desarrollo son los instrumentos que deben guiar el accionar del gobierno estatal y de los Ayuntamientos. Sin embargo, habría qué saber en que medida se siguen las acciones de los citados planes.

Porque la planeación es importante, ya se sabe. Sin embargo, la dinámica de los municipios quintanarroenses a veces rebasa los esquemas y las previsiones.

Esto no justifica tampoco que se trabaje sobre las rodillas o con improvisaciones. La improvisación es una forma de corrupción, porque implica desperdicio de recursos y en ocasiones duplicidad de esfuerzos.

La ciudadanía debe saber  si lo que informan tanto el gobernador como  los alcaldes se ajusta a la realidad, o sólo de trató de maquillar la realidad.

Se dice, y se dice bien, que los Ayuntamientos constituyen el nivel de autoridad más cercano a las necesidades de la gente. ¿Son suficientes los recursos para atender las demandas comunitarias de infraestructura y equipamientos urbanos, de servicios públicos como recoja de basura, su disposición final; y seguridad pública, entre otros rubros?

Quizá en el futuro el esquema de los informes deba cambiar para que los diputados y los regidores no sean convidados de piedra.

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