Le cuelgan a Góngora otro delito

Por Luis García › Quequi

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espués de haber permanecido prófugo de la justicia durante casi un año, Mauricio Góngora Escalante regresó finalmente a Playa del Carmen, donde fue presidente municipal en la pasada administración, para rendirle cuentas a la justicia.

Proveniente de la capital del Estado, donde estaba tras ser detenido en la Ciudad de México, el pasado 25 de enero, el excandidato priista por la gubernatura del Estado, arribó a Playa del Carmen la mañana de ayer jueves, para continuar con el proceso que enfrenta por el delito de peculado en agravio de las arcas municipales de Solidaridad.

Por lo que finalizada la audiencia, la Fiscalía General del Estado, informó que fiscales adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvieron del juez de control adscrito al Distrito de Solidaridad la vinculación a proceso en contra de Mauricio Góngora Escalante por el delito de peculado, que se sigue en la carpeta administrativa 227/2017, en agravio de la administración pública del municipio de Solidaridad, en el cual el daño material causado hasta este momento, según dictamen pericial contable, es por la cantidad de 245, millones 895,576.98 de pesos. Durante la audiencia inicial realizada ayer jueves, los fiscales presentaron los datos de prueba en relación a los hechos que se le imputan a Mauricio Góngora Escalante, y después de un debate entre los fiscales y la defensa del imputado, el juez consideró que existían elementos suficientes para vincular a proceso. Así mismo, decretó como medida cautelar la prisión preventiva justificada y un mes para el cierre de las investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, refrenda su compromiso de combate frontal a la corrupción, con estricto apego a la legalidad, y los preceptos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe destacar que en todo momento, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha dado seguimiento puntual a todas las denuncias interpuestas por las autoridades gubernamentales, a fin de esclarecer los hechos y resarcir los daños ocasionados al patrimonio del estado.

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