MEF, a la Corte Internacional

Por tratar de vender de manera ilegal mediante subasta pública, una decena de vehículos aprehendidos a empresario mexicano

PANAMÁ.- El equipo legal del empresario mexicano que ha sido víctima de abusos y despojo por parte de las autoridades panameñas, dio a conocer que se anexó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una queja más en contra del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por tratar de vender de manera ilegal mediante subasta pública, a través del Catálogo de Remates de Bienes, una decena de vehículos confiscados por la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Afirman que lo grave del tema es que en caso de que el empresario sea declarado inocente -Como es casi seguro y sólo es cuestión de tiempo, ante las pifias cometidas por los fiscales que han corrompido el expediente- dicho dinero tendría que ser pagado a su legítimo dueño con impuestos de los panameños, pues el Estado intenta vender algo que no es de su propiedad.


“Somos del criterio que las autoridades panameñas deben hacer su papel con respecto a la investigación objetiva. Sin embargo, en este caso ha sido una flagrante violación a los derechos de un inversionista que creyó en un Estado de Derecho, donde se respetan las garantías fundamentales y en donde la inversión extranjera es amparada por las leyes. Al final demostraremos nuestra inocencia y es allí donde no sólo tendrán que responder todos los responsables de esta patraña, sino el Estado panameño que ampara a funcionarios corruptos que creen que están por encima de las leyes”, declaró James Gay, del equipo legal del empresario.

Nuevamente de manera ilegal, agentes del Ministerio Público y del MEF, allanan el domicilio del empresario mexicano.


A esto se suma el revés que sufrió el MEF, que encabeza Héctor Alexander, luego que el juez fallara a favor de la víctima y determinara que la mencionada dependencia no puede vender ningún activo, al no haber hasta el momento una sentencia, ya que los vehículos solamente se encuentran bajo resguardo del Estado. Desde hace más de un año, ha sido una lucha encarnizada para evitar que los mismos funcionarios de la Procuraduría despojen de sus bienes al inversionista.


Los abogados, liderados por James Gay, expresaron a los medios de comunicación que continuarán con la querella en contra de la exprocuradora Kenia Porcell, ya que fue ella quien autorizó que se transfirieran los 7.2 millones de dólares incautados de manera ilegal, a la cuenta 100051811729, custodiada por el MEF en el Banco de Panamá; asimismo, contra los fiscales Isis Soto y Marcos Mosquera de la Guardia, este último ha fungido como brazo ejecutor de la ex procuradora.
“El hecho de que trataran de vender los autos que no les pertenecía muestra el nivel de criminalidad de estos funcionarios.

Ellos actúan con el orden de ilegalidad que movió 7.2 millones de dólares de cuentas de mis compañias a sus propias cuentas, esto es un fraude”, declaró el empresario afectado.
Añaden que, desde que tomó el caso Kenia Porcell, sus decisiones estuvieron basadas en intereses personales más que en hacer justicia, haciendo a un lado los principios procesales como la presunción de inocencia y una investigación objetiva, amén que se violó con total desfachatez el debido proceso.


Enfatizan que la ex funcionaria, hoy en el ojo del huracán, señalada por presuntos actos de corrupción, nunca actuó bajo el Estado de Derecho, por el contrario, incurrió en una sistemática y evidente transgresión al debido proceso. “Cuando existe un fiscal que opera fuera de toda ley, podemos decir que ya no se trata de un tema de inconsistencias e irregularidades, sino de actos de criminalidad”, añadió el empresario, que insiste en demandar justicia respecto de todo el daño que ha sufrido en su persona y en su patrimonio.
De igual manera, el cuerpo legal exige al procurador de Justicia, Eduardo Ulloa Miranda, que intervenga de manera enérgica en este caso, ante la demora del proceso y el evidente contubernio que existe entre fiscales y jueces que han aceptado pruebas fabricadas y testimonios falsos, pero que, transcurrido más de un año, no les ha servido para imputar al presunto culpable.
Cabe mencionar que en días pasados el Ministerio Público y agentes de MEF, ingresaron al residencial en donde el afectado mantiene su domicilio. Como si fueran delincuentes, se negaron a identificarse y durante toda la diligencia ocultaron sus rostros, no obstante, fueron captados por las cámaras de seguridad. Ante esta nueva tropelía, el empresario enfatiza: “llamamos al procurador de Justicia, Eduardo Ulloa, para que investigue este fraude y exijo se encargue de regresar el dinero a mis cuentas”.

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