Pide frenar Imco, treta de legisladores

 

El Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) y otras asociaciones civiles llevan adelante un amparo en contra de la Cámara de Diputados por adjudicar millonarios recursos discrecionales a través del Ramo 23, treta que intentan realizar nuevamente en el presupuesto de 2017.

En días pasados, los legisladores federales aprobaron la Ley de Ingresos para el próximo año con 51 mil millones de pesos adicionales que no están contemplados en la iniciativa de presupuesto y que se anticipa que serán usados en parte para ese rubro opaco, conocido como el “fondo de los moches”, ya que no tiene reglas de rendición de cuentas o transparencia.

Año con año, los diputados han usado esta “caja negra” del presupuesto como una partida personal, de 20 millones para cada legislador, para realizar obras en sus distritos, con miras electorales, hecho que cobra especial relevancia ahora, en que se abre la posibilidad de su reelección.

Sin embargo, han sido repetidos y sonados los escándalos relacionados con el Ramo 23, en el que los legisladores aplican de forma discrecional estos recursos para obras a precios inflados, por asignación directa y a cambio de un “diezmo” o “moche”.

“Es un ramo que le permite a los diputados llevar proyectos a sus distritos que son poco monitoreados. Si el diputado pide 10 millones de pesos para infraestructura, se los dan a través de este ramo, sin conocer si se efectuó el proyecto; lo cual implica, en la mayoría de las veces, corrupción”, dijo Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

De acuerdo a un análisis realizado por la ASF, existe clara evidencia de decisiones poco eficientes y de anomalías en la ejecución de obras por contrato, así como en los proyectos de inversión en infraestructura física y equipamiento entre 1999 y 2010, en donde algunos se financiaron con fondos provenientes del Ramo General 23, explicó la asociación civil “Ciudadanos contra la Corrupción”.

“64% de los contratos, de una muestra de 80, tuvieron una planeación inadecuada o estudios previos que carecían de la ingeniería de detalle. De esta forma, se produjeron en promedio retrasos de un año y medio por obra y en casos extremos de hasta cuatro años y medio. En términos presupuestarios, las obras se excedieron 40%, en promedio, y hubo contratos que se elevaron de forma imprevista a más del triple de su monto original, por anteproyectos mal elaborados”.

“Con esta partida, la Cámara de Diputados viola el principio de división de poderes, ya que ellos mismos son responsables de aprobar, ejercer y vigilar el gasto público”, explicó Juan Pardinas, director del Imco.

“El fondo de los moches es una forma de legalizar la corrupción y de domesticar con maíz a los partidos de oposición”, añadió. “Al auto-aprobar los recursos para el ‘maiceo’, los diputados cometieron errores no sólo de substancia, sino también de respeto a las formas jurídicas”.

Ello, porque al Poder Legislativo no le corresponde la creación de fondos y partidas presupuestales; eso es facultad de la Secretaría de Hacienda. Por ese motivo, Imco, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y México Evalúa, interpusieron un amparo indirecto, con expediente 198/2016, para detener esta práctica que desangra las finanzas públicas.

“En el debate presupuestal, los diputados pueden mover dinero entre un ramo y otro, disminuir asignaciones, pero la ley no les otorga facultades para crear nuevos rubros de gasto. Precisamente eso hicieron con el fondo de moches”, señaló Pardinas.

El recurso fue interpuesto en contra de la asignación de 2016, por alrededor de 38 mil millones de pesos. Este litigio ha permanecido estancado desde hace meses en el Tribunal Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa, al ser pospuesta tres veces la primera audiencia.

Ahora, se deberá iniciar un nuevo litigio, en contra de la asignación de hasta 51 mil millones de pesos para el ejercicio 2017, al Ramo 23.

“No sorprende que la excesiva flexibilidad de este Ramo haya cautivado a funcionarios y políticos, por el amplio espacio de discrecionalidad que les concede”, señalan Ciudadanos contra la Corrupción “No es casualidad que el presupuesto de este Ramo se haya incrementado de manera exorbitante desde 2005. De ese año a 2014, aumentó 11 veces (mil 162.7 por ciento). No está de más decir que, en las últimas seis discusiones del Presupuesto de Egresos de la Federación, los diputados en promedio subieron el proyecto de presupuesto del Ramo 23 en 44%”.

En Quintana Roo, pocos han sido los diputados federales que se jactan de la obtención de recursos a través de este ramo; muchos han optado, como Alicia Ricalde, por entregar sus obras en otros estados, sacrificando a sus electores quintanarroenses, por seguir la “línea” de su partido y beneficiar a otros políticos. Exdiputados como Lizbeth Gamboa mucho publicitaron la entrega de algunos tricitaxis como resultado de este reparto de recursos; del resto, nada se sabe.

De acuerdo al análisis del Ramo 23, en este año se han destinado 341 millones en el estado, gran parte de este para pavimentación de calles en diversos municipios. Sin embargo, aquí también se incluyen rubros como el Fondo Metropolitano, que no es gestionado por los legisladores.

Por Agencias > Quequi

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