SANTIAGO J. SANTAMARÍA GURTUBAY EL BESTIARIO

Missing en México

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca a 40 mil desaparecidos de la ‘guerra contra el narcotráfico’ de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto…

SANTIAGO J. SANTAMARÍA GURTUBAY

“Desaparecido” (título original: Missing) es una película de 1982 dirigida por Costa-Gavras y protagonizada por Jack Lemmon y Sissy Spacek. La película está basada en el libro “The Execution of Charles Horman: An American Sacrifice” de Thomas Hauser. El largometraje obtuvo, entre otros premios, la Palma de Oro del Festival de Cannes y el Oscar al mejor guion adaptado. Esta película fue censurada por la dictadura militar de Augusto Pinochet tras el derrocamiento del presidente socialista, Salvador Allende el “primer” 11 de septiembre de 1973. Cuando Charlie Horman, un joven e idealista periodista norteamericano, desaparece de su domicilio en Santiago tras el golpe de estado del general comandante en jefe del Ejército chileno, su padre (Jack Lemmon) y su mujer (Sissy Spacek) decidirán buscarlo, costara lo que costara. Durante la búsqueda tendrán que darse cuenta, que, por alguna razón, la embajada norteamericana no está dispuesta a ayudar en su búsqueda como deberían. Basada en el caso real del desaparecido Charles Horman.

La dictadura fue escenario de graves y diversas violaciones de los derechos humanos. Pinochet persiguió a izquierdistas, socialistas y críticos políticos, amén de “drogadictos y barbudos delincuentes” lo que provocó el asesinato de entre mil 200 y tres mil 200 personas, la detención de unas 80 mil personas y la tortura de decenas de miles. El número de ejecuciones y desapariciones forzadas fue de tres mil 95. Si comparamos estas cifras con las que estamos manejando en estos momentos en México, éstas últimas superan con creces a las del Chile de Augusto Pinochet, quien fuera arrestado en Londres, Inglaterra, donde permaneció más de un año, tras la orden de detención dictada por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, por su presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas, son dos momentos históricos cruentos de nuestra Latinoamérica, donde las víctimas son civiles por aplastante mayoría. Hoy, en otro lugar, Venezuela, suenan también tambores de guerra. Lo surrealista de la crisis venezolana es que la oposición está presionando al Ejército para que de un golpe de estado y a Estados Unidos para que lo apoye, incluso con una intervención de tropas. Juan Guaidó, el “presidente encargado”, se olvida que la “Revolución Chavista’” es una “Revolución Militar” ideada por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro, el otro “presidente constitucional” de la potencia petrolera. ¿Por quién doblan las campanas en Caracas?

El gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en marcha un programa para esclarecer la desaparición de 40 mil personas e identificar unos 26 mil cuerpos aparecidos en 101 mil 100 fosas clandestinas durante los años de nuestra “guerra calderoniana y peñista”. Este es un nuevo intento para resolver una de las cicatrices más dolorosas del país y contempla la creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense, la formación de brigadas de búsqueda, bancos de datos de ADN así como la compra de laboratorios y equipo para exhumaciones. El encargado de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha reconocido durante la presentación del proceso de pacificación de México, que nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. “Nuestro territorio nacional se ha convertido en una enorme fosa clandestina”, advirtió. La crisis de derechos humanos se ha agravado en el país durante la última década. Las desapariciones, homicidios, torturas, desplazamiento forzado y secuestros repuntaron. Ante la indiferencia de las autoridades y la lentitud de las investigaciones oficiales, los propios familiares de los desaparecidos han tenido que organizarse para buscar a los suyos.

En este nuevo intento para dar una respuesta a miles de familias que siguen en la angustia por no conocer el paradero de sus seres queridos, Encinas ha insistido en que habrá una mayor coordinación con los organismos internacionales y con los colectivos. “Esta es una responsabilidad que tiene que asumir el estado mexicano y por supuesto estableceremos los protocolos de acompañamiento”, ha recalcado.  Alejandro Encinas ha calificado como una “simulación” las acciones para esclarecer la desaparición en la administración anterior del priista, Enrique Peña Nieto. Para familiares de las víctimas y colectivos los esfuerzos por atajar este drama por parte del gobierno anterior solo quedaron en el papel. Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, organización civil especializada en litigios de desaparición y violaciones graves a derechos humanos, señala que es un plan positivo el de ejecutivo morenista porque está articulado con la ley de desaparición forzada de 2017 e incluye mecanismos novedosos como los “beneficios por colaboración eficaz”. Esta figura, retomada de la comisión de la verdad para Iguala, pretende ofrecer incentivos para las personas que proporcionen información sobre estos casos. No obstante, también ha advertido que se deben de fortalecer las fiscalías y comisiones de búsqueda estatales para garantizar la implementación del programa.

Lucy Díaz Henao, directora del colectivo Solecito en el Estado mexicano de Veracruz, recibe con una mezcla de esperanza y escepticismo este nuevo programa de López Obrador. “Ojalá no sea una simulación más porque de simulaciones estamos hartas”. No es la primera vez que se anuncia el despliegue de tecnología y de expertos para acabar con este drama, y sin embargo, ella espera que esta vez este plan sí ataque definitiva este problema que se ceba en los jóvenes de 17 a 29 años de las zonas más marginadas del país. Díaz Henao insiste en que en estos años su labor de búsqueda se ha visto obstaculizada por las propias autoridades. “Nosotras hemos sufrido de un bloqueo y de un repudio terrible, nos maltratan (los policías), tampoco tenemos maquinaria para trabajar, ha sido una lucha campal”, relata la integrante de este colectivo, que por su cuenta ha logrado hallar 298 cuerpos solo en esta entidad del sureste mexicano. Jorge Galván, director del Comité Eureka, una de las primeras asociaciones en denunciar la desaparición forzada en México en los años 60, 70 y 80, ha celebrado la intención del nuevo gobierno por saldar la deuda histórica para reconocer a las víctimas. El representante del Comité Eureka reconoce que la prioridad de estas nuevas comisiones de búsqueda se centrará en los desaparecidos con mayor posibilidad de encontrar con vida. El regreso del infierno, los desaparecidos que están vivos, el cartel les ofreció un trabajo con engaños, pero los esclavizó y los retiene a la fuerza…

La ola de violencia no exclusiva de Cancún, Playa del Carmen, Chetumal… preocupa y ocupa al ejecutivo de AMLO. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, anunció esta misma semana el despliegue de 10 mil 200 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal en las 17 regiones más violentas del país, en las cuales se concentra el 35 por ciento de los homicidios. Se asignarán 600 elementos adicionales en cada una de esas zonas de riesgo, con presencia permanente, ya que no serán replegados del lugar. Mientras tanto se sigue discutiendo en el Congreso la creación de la Guardia Nacional. Las 17 coordinaciones tendrán como sede las ciudades de Tijuana, Juárez, Culiacán, Irapuato, Tlajomulco, Manzanillo, Salamanca, Chilpancingo, Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, Celaya, Uriangato, Benito Juárez y Acapulco. El operativo incluye el despliegue de elementos de la Policía Federal en los límites de la Ciudad y el Estado de México, donde se registran delitos de alto impacto para la ciudadanía. El plan ya empezó a desplegarse en Tijuana, desde el lunes pasado; así como Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; Irapuato, Guanajuato en la que también se abarcan los municipios de Pueblo Nuevo, Romita y Silao;  Tlajomulco, Jalisco que incluye Tlaquepaque; Acapulco, Guerrero; Ecatepec, Estado de México; Manzanillo, Colima, abarcando Armería, Minatitlán y Tecomán; Salamanca, Guanajuato con influencia en Jaral del Progreso, Santa Cruz, Valle de Santiago y Villagrán; Chilpancingo, Guerrero que incluye a Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo y  Leonardo Bravo; Nuevo Laredo y Reynosa en Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; Celaya, Guanajuato que abarcará a San Miguel de Allende, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande y Comonfort; Uriangato, Michoacán que incluye Cortázar, Moroleón, Maravatío y Yuridia; y Benito Juárez, con Puerto Morelos en Quintana Roo.

La única incógnita a despejar en Venezuela es si Donald Trump se atreverá o no a asumir una intervención militar. No hace tanto tiempo, unos pocos intelectuales españoles intentaron implantar la idea de que el franquismo no había sido una dictadura, sino un régimen autoritario, sin más. El intento por fortuna fracasó, pero les recuerdo ahora, mientras los líderes a quienes seguramente apoyan llaman tirano a Nicolás Maduro. Personalmente, hace bastantes años que no veo el momento de que abandone el poder. Personalmente, no siento la menor simpatía por él ni por la denominada ‘oposición democrática’ incapaces de negociar, dándose el lujo de no aprovechar una mediación internacional, liderada por el propio Papa Francisco, meses atrás. No me parece tan sencillo calificar a Maduro como tirano. Creo que si ejerciera una tiranía clásica, una sanguinaria dictadura del siglo XX, como la que mantuvo a Francisco Franco en el poder durante cuatro décadas, resultaría más fácil derrocarle. Pero Juan Guaidó vive en su casa, convoca manifestaciones multitudinarias, habla ante las cámaras de todo el mundo, y lo va a seguir haciendo. Maduro no cometerá el error de detenerle, porque sabe que eso sería su fin. No hay que descartar, por tanto, que pese al reconocimiento de Guaidó por parte de la comunidad internacional, la situación pueda llegar a enquistarse y alargarse indefinidamente.

La escritora española Almudena Grandes recuerda que los españoles saben de sobra que las simpatías internacionales, los bloqueos diplomáticos, las declaraciones de la ONU, no derrocan dictadores, y mucho menos regímenes autoritarios de difícil clasificación. “A nosotros no nos libraron del nuestro, y eso que ni siquiera quienes lo protegían en secreto negaban en público que fuera un dictador. La única incógnita a despejar en Venezuela es si Trump se atreverá o no a asumir una intervención militar. Todo lo demás son solo palabras”, subraya Almudena Grandes.

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