Solapa Profepa a ecocidas

Inepta ante la destrucción de dunas y manglares por parte de siete desarrollos turísticos.

 

Por Francisco Canul > Quequi

La delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, Carolina García Cañón, es cómplice de la impunidad de ecocidios en el Parque Nacional Tulum (PNT) y zona costera de Punta Piedra, pues no obstante a la descomunal destrucción de dunas y manglares que han hecho siete desarrollos turísticos, sólo colocaron sellos de clausura para apaciguar las denuncias de ambientalistas.

“La dependencia ha permitido que estas obras ecocidas se concluyan y otras se sigan edificando, situación que está acabando con lo más vulnerable de Tulum, que son las barreras naturales para los fenómenos hidrometeorológicos”, indicó Bonifacio Loría Pacheco, abogado y ecologista.

Dijo que “la corrupción e impunidad de la delegada de la Profepa se puede observar en pleno corazón del PNT, lugar donde son innegables los episodios de despojos, ventas fraudulentas y daños ecológicos, pero sobre todo, flagrante violación a un mandato emitido por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del exsecretario del Ayuntamiento de Solidaridad, Juan Carlos Pereyra Escudero y Jhonny Jiménez Angulo, mismos que fueron denunciados ante el Ministerio Público por Juan Carabeo Morales; no obstante, la megaobra continúa viento en popa en un predio costero de más de 2 mil 700 metros cuadrados en el área natural protegida”, sostuvo.

El 1 de febrero de 2007, el gobierno federal en turno emitió un decreto para añadir un nuevo artículo (el 60 TER) a la Ley General de Vida Silvestre, la cual dice que con esta nueva norma queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte el flujo hidrológico del manglar. “En este orden quedó establecido que cualquier obra que se desee realizar, debe respetar este ecosistema; sin embargo, el pago de fuertes multas tras la clausura de estas construcciones por parte de la Profepa, pulveriza toda ley”, aseguró Loría Pacheco.

Por su parte, el ex consejero político del PRD, Gabriel Sifri Jiménez, dio a conocer que otro de los descomunales ecocidios que permitió la Profepa y las propias autoridades municipales, se ejecutó en un predio que fue una ventana al mar, perpetrado por el exvicepresidente de los hoteleros de Tulum, José Castro Martínez, quien destruyó en Piedra Escondida una zona rocosa junto al mar, dunas y manglares  que fue clausurada, pero hoy su hotel ya está operando.

“Castro Martínez se apoderó de un espacio público, pues en su oportunidad, el entonces director de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Tulum, Joaquín Canul Amaya, reveló que los planos de la Dirección de Catastro estatal así lo confirman, lugar turístico en donde no sólo se levantó y trituró una extensa zona rocosa con maquinaria pesada, sino que igualmente arrasó con dunas costeras, donde hoy tiene listo y operando su mole de concreto de tres niveles”, acusó Sifri Jiménez.

Los desarrollos turísticos en el Parque Nacional Tulum violan leyes federales y mandatos de la SCJN, hechos que representan casos de impunidad, despojos a comuneros de sus tierras, así como posesionarios, lo que pone en riesgo a los habitantes de la región ante los fenómenos hidrometeorológicos, dijo al respecto el también abogado Germán Ramírez Villegas.

Mientras que Javier Flores y Flores, presidente de la Asociación de Profesionistas de Tulum, aseguró que “los daños ecológicos son descomunales e irreversibles en el PNT y zona costera de Punta Piedra, y esto es debido a que durante años, las autoridades en materia ambiental –como son la Profepa y la Semarnat- permanecen impávidas ante tal anarquía, pues lejos de hacer valer las leyes, se las pasan por el ‘arco del triunfo’, lo permiten y los avalan haciéndose cómplices a cambio de jugosas mochadas”.

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